Acuerdo beneficioso para el infractor
Pónganse ustedes en esta tesitura. La empresa A, de carácter nacional, llega a un acuerdo con la compañía B, de ámbito regional, para distribuirse conjuntamente en una especie de promoción 2X1. A paga todos los costes de impresión, papel y distribución, mientras que B tendrá que hacer frente a los gastos de personal, mantenimiento de las oficinas, etcétera, pero con el beneficio, además, de quedarse con todas las ventas de publicidad que vayan insertadas en su propia publicación, la B, e incluso con un acuerdo que le permita llevarse un tanto por ciento de las ventas publicitarias en A, siempre y cuando se refiera a campañas de escala autonómica. En principio, las reglas del juego están claras y si B, por un casual, deja de editar su publicación, adeuda dinero a sus empleados o deja de pagar a la Seguridad Social, A podrá romper el acuerdo o contrato y, por tanto, también exigirle las responsabilidades derivadas de ese incumplimiento. Creo, por tanto, que no queda duda y se pueden dar nombres a este ejemplo. A, evidentemente, es El Mundo y B, La Gaceta de Canarias.
En un momento determinado de este sensacional acuerdo, a los responsables empresariales de La Gaceta de Canarias se les ocurre presentar un concurso voluntario de acreedores en vísperas, además, del inicio de una huelga parcial que, posteriormente, pasó a ser indefinida. El señor Fernando Peña, saltándose los puntos esenciales del contrato, no comunica ni medio a su socio en Madrid y sólo El Mundo tiene constancia del disparate cometido en las Islas por este personaje cuando empiezan a recibirse quejas no sólo de los clientes que se sienten estafados por la falta de una de las publicaciones, sino también de los trabajadores y de la propia Seguridad Social a través de las respectivas denuncias y demandas que fueron llegando paulatinamente hasta su sede en la capital de España.
Obviamente, los servicios jurídicos de todas las partes implicadas comienzan a preparar sus estrategias para preservar sus intereses y defender sus derechos, pero héte aquí que cuando lo lógico es que sea La Gaceta de Canarias, empresa comprada por la constructora Salatín, dato que conviene tenerlo muy presente, la que empiece a pagar todas las deudas o, subsidiariamente, Salatín, llega ayer el administrador concursal nombrado por el Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Juan Miguel Munguïa (quién además se permitió el lujo de discriminar a los trabajadores y pagar a unos sí a y a otros no, en función de los criterios de amistad de la consejera delegada, Elena Rodríguez Darias), y se descuelga en el juicio que ya no hay razón de que continúe el concurso porque no hay producto y no hay trabajadores, argumento al que también se adhiere el abogado de La Gaceta de Canarias, algo que no comparten ni el letrado de El Mundo ni el de los trabajadores que están representados por Miguel Ángel Díaz Palarea.
Desgraciadamente, la petición de retirada del concurso le sirve de razón de peso a la jueza para no seguir con la vista y sólo queda esperar a su sentencia para ver si finalmente se da la razón al administrador judicial y al defensor de La Gaceta de Canarias o se hace caso a los argumentos de El Mundo y el abogado de los empleados que piden que la empresa no sólo siga abierta, sino también que vuelva a reiniciar su actividad. Y es que, en función de la decisión judicial, el problema de dar la razón a los primeros significaría, en primer lugar, cierre definitivo del periódico que, además, conllevaría posteriormente una petición por parte de La Gaceta de Canarias, el infractor en todo este tejemaneje, de una indemnización a El Mundo porque entiende que ha sido esta empresa la que ha incumplido el contrato. A la vez, los trabajadores acabarían perdiendo un porcentaje más que considerable de los emolumentos que aún deben percibir entre liquidaciones, indemnizaciones y nóminas pendientes.
Somos muchos los que confiamos en la existencia de una Justicia que, si no infalible, sí al menos ecuánime y considerada con una situación surrealista, de auténtico sainete y que ya sería de auténtico atropello a los derechos más fundamentales que un infractor, en este caso el señor Fernando Peña Suárez, acabe ganando dinero después de saltarse a la torera todas las leyes laborales. Si esto fuera así, a partir de ese momento se daría luz verde a que otras empresas pudieran actuar de la misma manera. Esperemos que se imponga la razón y que la ceguera de la Justicia no le impida actuar con un mínimo de sentido común.
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Jesús Pérez -
Máximo Medina -