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La permisividad de la Justicia con el Rafita

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¿Se imaginan ustedes, Dios no lo quiera, por supuesto, que a su hija de 16 años la abordan por la calle cuatro adolescentes, la violan, la atropellan en reiteradas ocasiones y acaban matándola en un descampado y que esos mismos delincuentes juveniles acaben seis años después campando a sus anchas por la ciudad y encima aumentando la cifra de delitos que ya figuran en sus antecedentes penales? Pues esto mismo es lo que le sucede a los familiares de la menor Sandra Palo, asesinada en el año 2002 ó 2003, que contemplan con estupefacción como el máximo responsable de la muerte de su hija, el Rafita, está libre cual pajarillo por Madrid y encima cometiendo todo tipo de robos. Desde luego, la situación produce bochorno, escarnio y debería servir para que más de un juez y esa clase política que insiste en mantener, valga la redundancia, politizada la Justicia, sintieran verdadera vergüenza ante estos hechos.

El gran problema que tenemos en España es que la llamada Ley del Menor sólo sirve como subterfugio para que aquellos que cometan un delito menor o que, directamente, acaben con la vida de alguien pasen un pequeño tiempo en centros especiales o en pisos tutelados, como es el caso del tal Rafita. Lo que pasa es que una vez dictada la sentencia, el juez de turno ya no quiere saber nada más, le da lo mismo si el chico se reinserta o no en la sociedad. Sí, de acuerdo, no todos los magistrados son así y, por ejemplo, tenemos en Granada un ejemplo de un personaje togado capaz de ocuparse personalmente de que los menores condenados por pequeños hurtos se dediquen a estudiar y formarse. Porque, evidentemente, ahí radica el problema. Si no somos capaces de atajar los robos menores, ¿seremos capaces de ponerle remedio cuando los delitos ya conlleven daño físico?

El caso del Rafita, como el de muchos otros, es paradigmático. Este engendro no sólo se dedica a reírse en la cara de toda la sociedad española y, muy particularmente, en la de los padres de Sandra Palo. Se sabe, además, perfectamente protegido y, de hecho, cuando puso sus pies en la calle, apenas llegó a estar cuatro años en pisos tutelados, la madre de la niña asesinada no pudo llegar a ver el rostro del asesino porque éste salió antes de que llegasen los familiares de la menor. Sí, todo un gesto de valentía, entiéndase la ironía, por parte de quienes parece que le dan más derechos al criminal confeso que a unos padres destrozados.

En fin, que el problema ya no estriba en que si se debe o no reinstaurar la condena perpetua en España, pero lo que sí debería contemplar una reforma de la Ley del Menor es que estos crímenes no queden impunes y que si con 14 años se mata a alguien, que los cuatro primeros años se pasen en un reformatorio, pero que la pena restante se complete en una cárcel. Aquí el concepto de menor se está diluyendo para ciertos aspectos, como el del aborto y, aunque algunos me tachen de demagogo, si una niña de 16 años ya puede ir a abortar o a pedir la pastilla abortiva sin consentimiento paterno, es decir que se la considera adulta a todos los efectos, entonces hemos de aplicar la misma vara de medir con quien asesina impunemente. La duda estriba en si nuestros políticos serán capaces de hincarle el diente a esta cuestión o preferirán seguir hablándonos de doctrinas y no sé que otras cosas que no sirven para la mejora de nuestra vida en sociedad.

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gravatar.comAutor: Máximo Medina

Empecemos por el principio, valga el pleonasmo. Las leyes en España salen de los políticos. Ellos son, y sólo ellos, quienes promulgan los preceptos y quienes los aprueban ya sea por decreto o por la vía de las cámaras parlamentarias. Si algo falla, a quien hay que echarle la culpa es a ellos y a nadie más. La ley del menor, por ejemplo, es un disparate. Se busca más proteger al joven que conseguir su reinserción en la sociedad. El caso del Rafita quizás sea la punta de iceberg, porque puede que haya muchos más en España simplemente porque la ley lo permite. Que alguien pueda acabar con la vida de un semejante y sólo le cueste unos pocos años de internamiento es algo tremendo y más cuando tras salir del confinamiento este individuo se ha dedicado a seguir por la senda del delito. La reincidencia está también poco castigada en España y cuando se acumulan incidentes, por poco cuantificables que sean, deberían pesar más a la hora de impartir justicia. Pero en este caso, como en otros muchos, los jueces tienen las manos atadas, y se ven obligados a aplicar la normativa que tienen vigente y es justo esa normativa la que permite todas estas situaciones. Si esto sucede en el extranjero tendríamos que ver cómo reaccionan los políticos y además en naciones perfectamente democráticas desde hace siglos. Seguro que no será igual que en España. Lamentable.

Fecha: 27/01/2010 16:17.


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