Recortes por la cara

La crisis, para que negarlo, está afectando duramente a todos los sectores que componen el cuerpo laboral y funcionarial en España. Por supuesto, los trabajadores del sector privado son quienes lo están pasando peor porque, al margen de que estamos hablando de cerca de cinco millones de desempleados, quienes aún tienen la fortuna de conservar su puesto, son conscientes de que su futuro pende de un hilo, de que igual una hora extra de menos que se haga hoy supone que mañana su silla esté ocupada por otra persona y que antes incluso de poner un pie en la empresa le espere en recepción la carta de despido. Es, sin duda, una gran hermano laboral en el que nadie gana, a excepción de una serie de empresarios que, con la excusa manida de que no ganan (sí que tienen beneficios, menos que otros años, pero el superávit no se puede ocultar), no hacen otra cosa que recortar derechos, salarios y todo lo que les venga en gana.

 

Sin embargo, lo más sorprendente de todo, es la decisión tomada por el Estado, concretamente por el Ministerio de la Presidencia, no sé si con la connivencia o anuencia del Economía y Hacienda, es que la crisis se ha instalado también en el cuerpo de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), concretamente en la hornada que se examinó entre septiembre de 2009 y finales de enero de 2010. La medida adoptada en Madrid para frenar el gasto ha sido la de recortar plazas una vez concluidas la pruebas selectivas que han tenido que superar los aspirantes. Como ejemplo, de 39 plazas de auxiliares administrativos de la AGE para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, finalmente se decide dejarlas en 35, es decir que cuatro opositores que tal vez podrían haber entrado, ahora se quedan a las puertas y con una decepción de caballo, a no ser que, como debiera ser lógico, se pongan manos a la obra a meterle los pertinentes recursos a la Administración estatal.

 

Y es que, por si alguien en el Gobierno de España no se ha leído la Constitución (algo que tampoco parece muy complicado de imaginar, dado el nivel de determinados personajes que dirigen los designios del país), lo que nunca se puede hacer es dictar normas con carácter retroactivo si es para perjudicar, lo dice el artículo 9.3 de la Carta Magna. Dicho de otra manera, lo que no es de recibo es que se oferte un número determinado de plazas y luego, una vez han finalizado las pruebas, meter tijeretazo porque sí.

 

Desde luego, mal futuro le espera no sólo ya a los trabajadores por cuenta ajena, sino también a quienes deseen acceder a la hasta ahora segura Función Pública, máxime con un Ejecutivo que durante muchos años ha disparado con la pólvora heredada de unos sabrosos beneficios de la época del Partido Popular. Y no sólo es que hayan metido un tajo considerable en una oferta aprobada, sino que para este año la cosa pinta peor y cada vez son más los competidores por muchas menos plazas. Aunque claro, igual hay que reservar los millones para la penúltima ocurrencia de la señora ministra de Igualdad y su asignatura universitaria de Feminismo.

1 comentario

[Máximo Medina - 20 de marzo de 2010 - 00:00]

El paroxismo del ahorro ha llegado a las cuentas públicas españolas y cuando eso sucede los políticos que estén ese momento a bordo se disparatan para evitar que sus sueldos y los de sus allegados, asesores, colegas y demás, se pongan en peligro. Lo de los funcionarios es otra ilegalidad más, pero en el caso de las pensiones sería lo mismo, pues no se puede quitar derechos al personal a través de una ley que actuará igualmente con carácter retroactivo. Cuando cualquiera de los que ahora trabaja entró en el mercado laboral las reglas indicaban que debía trabajar hasta los 65 años y que su pensión saldría de la media de los últimos 15 años cotizados. Pues bien, ahora el Gobierno pretende cambiar esas reglas del juego cuando el partido hace muchos años que se está jugando. Gestionar un país es decidir e qué se gastan los presupuestos y por lo visto ZP y compañía están dispuesto a hacer algunas concesiones a los grandes empresarios y a la banca, pero absolutamente nada al resto y en ese resto nos incluimos todos. En un país democrático se recauda dinero vía impuestos con la intención de hacer mejor la vida de todos sus ciudadanos, pero cuando una crisis financiera nos visita, aquí todo el mundo tiene la culpa menos quienes la provocaron. Así que funcionarios, pensiones, reforma laboral... lo que sea con tal de preservar a las grandes fortunas que velan por el interés del país. No hay problemas, cuando las fortunas se equivocan, pagamos nosotros, y cuando no... ¡qué progreso alcanzado por lo buenos que somos todos! Pandilla de caraduras.