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Exigente y polémica reforma funcionarial

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El Gobierno de Canarias está estudiando endurecer hasta extremos insospechados la actual legislación sobre Función Pública. Si las reformas que se plantean salen adelante, se acabó la happy hour del cortadito o del Corte Inglés para esos funcionarios que se habían vuelto acomodaticios, expertos en no dar un palo al agua y en evadir los sistemas de control instaurados por las instituciones. Ahora, en cuanto estas medidas cuenten con el consenso necesario, a aquellos empleados públicos que muestren una persistencia en no pegar ni medio sello, serán inmediatamente separados del servicio, lo que comúnmente conoceríamos en la empresa privada como un despido en toda regla, pero con el agravante de que además, cuando te ponen de patitas en la calle dentro de la Administración Pública, no vuelves a trabajar en ninguna otra corporación, ya sea un ayuntamiento, cabildo o Gobierno regional.

 

Por supuesto, imagino yo, los sindicatos habrán puesto el grito en el cielo ante una medida que considerarán injusta, que deja desprotegido a una especie de trabajador hasta la fecha prácticamente intocable salvo que, por desatinos de la vida, éste tuviera un mal día y, o bien se lo llevase crudo o se dedicase a pegar tiros a sus compañeros y administrados. Sin embargo, qué quieren que les diga, a mí me parece magnífico que la Función Pública comience a parecerse en ciertos aspectos a la empresa privada. Lo que no es de recibo, por supuesto, es que los ciudadanos tengan que vivir el penoso espectáculo de ir a determinadas administraciones y deban esperar más tiempo del necesario porque de cuatro ventanillas de atención al público sólo haya una disponible. Dos de los tres que están vacantes se fueron a tomar el cortadito de las diez y el otro, por ejemplo, tuvo que salir a resolver un asunto de interés particular e inexcusable. Por supuesto, el ámbito público no está para tener superávit (tampoco déficit), pero sí que hay que perseguir una evaluación de la calidad, del desempeño, concretamente, que hagan funcionar correctamente a la administración que, entre otras cosas, la sostenemos nosotros con nuestro dinero.

 

Eso sí, no todo es positivo en este nuevo marco legal e igual que alabo una medida, critico otra que no ayuda, precisamente, a la motivación de los funcionarios. Hasta la fecha, la permanencia de dos años en tu puesto de trabajo te permitía concursar internamente para obtener una plaza con mejor nivel. Ahora, según se está cociendo en las entrañas del Ejecutivo canario, la idea es que haya que permanecer seis años en la misma mesa y silla para optar a unas condiciones mejores. Así, qué quieren que les diga, será muy difícil motivar al empleado público que tenga verdaderas aspiraciones y, de verdad, lo único que conseguirán es que los mejores trabajadores acaben marchándose a otras corporaciones fuera de las Islas. Lo que no es de recibo es reclamar más atención a la hora de desarrollar las funciones, que me parece fenomenal, pero por el otro lado desincentivar a estos mismos triplicándoles el tiempo para poder subir en el escalafón administrativo. No es de recibo, desde luego.

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gravatar.comAutor: Máximo Medina

Me parece hasta interesante el intento pertinaz de los políticos en un objetivo que jamás sacarán adelante, pero esa obstinación es digna de mejor final. Cambiar la función pública, aunque sea a nivel autonómico, es casi imposible, pues los propios 'perjudicados' tienen armas muy poderosas para evitarlo. Lo privado y lo público son dos cosas completamente distintas y quien intente equipararlas va de cráneo. El sector privado se ha convertido ya en una selva (rebaja continua de derechos al paso de los años), mientras que el público es una sociedad más o menos equilibrada, en la que las reglas del juego apenas han cambiado. ¿Cuál es la diferencia? Los empleados normales trabajan para su empresa, mientras que los funcionarios trabajan para el Estado, Ayuntamiento o Comunidad Autónoma, mientras que los políticos de turno se creen que trabajan para ellos. Cada vez que se intente imponer un cambio en la función pública que vaya contra los intereses de los funcionarios, se paralizará la gestión y ¿qué son los políticos sin sus empleados? Nada. Además, aquí los sindicatos jamás cederán, pues es donde tienen toda su fuerza real. Así que si el Gobierno canario, o quien quiera, pretende reformar el sistema se va a encontrar con una oposición tan frontal que no habrá forma de tramitarla. Además, si se precariza la situación al funcionariado, ¿dónde colocarían los partidos a sus enchufados? El Gobierno tal como se conoce hoy en día no está formado sólo por el presidente, los ministros y los altos cargos. Quienes sacan adelante sus iniciativas son sus funcionarios y sin ellos, la vida pública sería imposible. Todo esto sin pararnos a pensar que hay 3,2 millones de funcionarios en España (¿el sexto poder?). ¿Qué pasaría si todos votaran en contra del Gobierno que les quiere cambiar sus condiciones laborales? Pues que de las elecciones saldría un nuevo Ejecutivo. No sé si me explico...

Fecha: 17/04/2010 17:23.


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