Exigente y polémica reforma funcionarial
El Gobierno de Canarias está estudiando endurecer hasta extremos insospechados la actual legislación sobre Función Pública. Si las reformas que se plantean salen adelante, se acabó la happy hour del cortadito o del Corte Inglés para esos funcionarios que se habían vuelto acomodaticios, expertos en no dar un palo al agua y en evadir los sistemas de control instaurados por las instituciones. Ahora, en cuanto estas medidas cuenten con el consenso necesario, a aquellos empleados públicos que muestren una persistencia en no pegar ni medio sello, serán inmediatamente separados del servicio, lo que comúnmente conoceríamos en la empresa privada como un despido en toda regla, pero con el agravante de que además, cuando te ponen de patitas en la calle dentro de la Administración Pública, no vuelves a trabajar en ninguna otra corporación, ya sea un ayuntamiento, cabildo o Gobierno regional.
Por supuesto, imagino yo, los sindicatos habrán puesto el grito en el cielo ante una medida que considerarán injusta, que deja desprotegido a una especie de trabajador hasta la fecha prácticamente intocable salvo que, por desatinos de la vida, éste tuviera un mal día y, o bien se lo llevase crudo o se dedicase a pegar tiros a sus compañeros y administrados. Sin embargo, qué quieren que les diga, a mí me parece magnífico que la Función Pública comience a parecerse en ciertos aspectos a la empresa privada. Lo que no es de recibo, por supuesto, es que los ciudadanos tengan que vivir el penoso espectáculo de ir a determinadas administraciones y deban esperar más tiempo del necesario porque de cuatro ventanillas de atención al público sólo haya una disponible. Dos de los tres que están vacantes se fueron a tomar el cortadito de las diez y el otro, por ejemplo, tuvo que salir a resolver un asunto de interés particular e inexcusable. Por supuesto, el ámbito público no está para tener superávit (tampoco déficit), pero sí que hay que perseguir una evaluación de la calidad, del desempeño, concretamente, que hagan funcionar correctamente a la administración que, entre otras cosas, la sostenemos nosotros con nuestro dinero.
Eso sí, no todo es positivo en este nuevo marco legal e igual que alabo una medida, critico otra que no ayuda, precisamente, a la motivación de los funcionarios. Hasta la fecha, la permanencia de dos años en tu puesto de trabajo te permitía concursar internamente para obtener una plaza con mejor nivel. Ahora, según se está cociendo en las entrañas del Ejecutivo canario, la idea es que haya que permanecer seis años en la misma mesa y silla para optar a unas condiciones mejores. Así, qué quieren que les diga, será muy difícil motivar al empleado público que tenga verdaderas aspiraciones y, de verdad, lo único que conseguirán es que los mejores trabajadores acaben marchándose a otras corporaciones fuera de las Islas. Lo que no es de recibo es reclamar más atención a la hora de desarrollar las funciones, que me parece fenomenal, pero por el otro lado desincentivar a estos mismos triplicándoles el tiempo para poder subir en el escalafón administrativo. No es de recibo, desde luego.
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Máximo Medina -