Dilema laboral
El sindicato Comisiones Obreras, tras conocerse en Canarias que varios desempleados, muchos de ellos procedentes del sector de la construcción, habían rechazado ofertas de trabajo sin alegar un motivo de peso, consideró que "no se debe perseguir a otras personas por rechazar empleos con condiciones de jornada y de salario muy inferiores a las que venían percibiendo por si estuviesen incurriendo en fraude, como si de una caza de brujas se tratase". No obstante, el Servicio Canario de Empleo ya inició los trámites administrativos para adoptar las medidas procedentes, ya que, si bien algunos de los parados alegaban motivos de salud, la mayoría simplemente adujo que no les interesaba el contrato de trabajo que se les ofrecía, lo que, en el caso de estar percibiendo prestaciones, podría constituir un fraude.
Desde luego, en este caso en particular se me plantea un dilema muy hondo. Por un lado, considero que esos trabajadores que han rechazado esas ofertas laborales deberían ser sancionados según reglamento. Es decir, si percibían alguna prestación, que ésta sufra la merma porcentual que esté estipulada, así como una severa advertencia de que en el caso de reincidir la ayuda quedaría reducida a cero euros. Sin embargo, también me parece un argumento de peso el esgrimido por CCOO en relación a aceptar un puesto que esté remunerado con una cantidad menor al dinero que se esté percibiendo como prestación de desempleo y además sin las garantías de que estemos hablando de un contrato indefinido.
Evidentemente, aquí urge la convocatoria de una mesa de diálogo social que implique a todas las partes, Gobierno de Canarias, Cabildos, empresarios y sindicatos. Se debe llegar a un consenso firme y estable donde se marquen con claridad las reglas del juego. Está claro que quienes estamos en situación de parón laboral aceptaríamos a ojos cerrados un trabajo, pero también es verdad que hay que entender a aquellas personas con una serie de responsabilidades familiares que, cobrando 1.100 euros en el paro, se lo pensarían dos y tres veces antes de aceptar una oferta de empleo que no pasara de los 800 euros.
Es una pena, y este dato me lo proporcionó mi siempre fiel lector y amigo Lewis Rogers, que en la época de José María Aznar al frente del Gobierno de España se quitase la norma que posibilitaba al trabajador rechazar un empleo que tuviese una remuneración menor que la que estaba recibiendo como prestación de desempleo. Quizá, propongo yo, la solución pase por una especie de fórmula mixta por la que el Servicio Canario de Empleo (aplíquese el mismo método a otras regiones) pagase esa diferencia salarial durante el tiempo que le correspondiera al trabajador. Me explico, si un empleado de la construcción percibe del SCE 1.000 euros al mes durante dos años y le llaman de una determinada empresa del sector para ofrecerle un contrato que le reporte 800 euros, pues la diferencia, esos 300, que los pagase el Servicio Canario de Empleo hasta el tope de los dos años que tenía de prestación por paro. Al fin y al cabo, se trata de buscar medios para reducir la precariedad laboral y acabar con la lacra del desempleo.
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Máximo Medina -