UGT, vergüenzas al desnudo

¿Se imaginan ustedes que uno de los sindicatos mayoritarios en España, que tiene como misión primordial defender a los trabajadores, actúe internamente como el más despiadado de los empresarios y sea capaz de dejar en la estacada a sus asalariados? Pues dejen de imaginar y visualicen esta realidad en el Archipiélago canario, concretamente con las empleadas de la empresa Fundescán que, gestionada por la Unión General de Trabajadores, ha dejado a esas mujeres totalmente desprotegidas, al amparo únicamente de la buena voluntad de familiares, amigos y caseros que les echan una mano en esta situación tan dramática.

 

El problema es, además, doble, porque estamos hablando de unas trabajadoras que están ocupadas en atender pisos tutelados, viviendas donde, en la gran mayoría, habitan mujeres que han sido víctimas de malos tratos y que, en muchos casos, están a la espera de que se celebre el juicio contra su presunto maltratador. Si, de repente, hubiera que dejar estas casas por falta de pago podríamos hallarnos ante la tesitura de que la protección de la que gozaban estas personas se vea rota por los cuatro costados.

 

Las empleadas de Fundescán no han tenido más remedio, en una medida desesperada, que mostrarse tal cual Dios las trajo al mundo, aunque tapándose lo esencial con un cartel denuncia en la que se manifiesta claramente que UGT las ha despojado de todo. Desde luego, una vergüenza la situación a la que se ha llegado y que a estas horas, lamentablemente, nadie en el sindicato haya dado un paso al frente, bien para ofrecer una solución o bien para dimitir en bloque. La pella económica que han dejado los del sindicato de Méndez se eleva a nueve millones de euros y nadie se hace responsable.

 

De todas maneras, amén de las culpas que ha de purgar la UGT, también habrá que mirar a la administración pública. Desconozco si la competencia la manejan los Cabildos o también ha de ver algo el Gobierno de Canarias, pero evidentemente alguien aprobó que esta empresa vinculada al sindicato gestionase un servicio tan delicado y, por tanto, también debería producirse una reacción rápida y contundente. Lo que no es de recibo es que mientras se debata que si la culpa es de A o es de B quienes acaben perdiendo sean las trabajadoras, que no cobran un solo euro desde hace meses, y las mujeres que están viviendo en esas casas protegidas y de las que pueden ser desalojadas por impago.