Funcionario, y sin estudiar
Los opositores que residan en Canarias, al menos todos aquellos que deseen acceder a un puesto de trabajo en la Función Pública regional, ya sea como docentes o en el Servicio Canario de Salud, lo van a tener poco menos que en sanscrito a no ser que, previamente, hayan trabajado como interinos y tengan los suficientes méritos para poder salvar el proceso selectivo. Aunque aún faltan por rubricar algunos detalles, el consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo autonómico, José Miguel Ruano, ha cedido a las presiones de los sindicatos en la Mesa General Negociadora y los méritos de los interinos valdrán lo mismo que la nota de oposición, toda una declaración de intenciones y un aviso a navegantes para que, casi seguro, desistan de participar aquellos mortales que no hayan currado nunca en cualquier Administración.
Pero el punto de queja ya no se limita a esta medida, que traspasa cualquier principio de constitucionalidad (el artículo 23, el de la igualdad a la hora de acceder al empleo público se lo pasan por el mismísimo arco del triunfo), sino que además, presos de una ambición indomable, los sindicalistas pretenden que la nota de la oposición no sea eliminatoria. Es decir, muchos interinos se han quedado sin su plaza porque, pese a acumular 15 años de méritos profesionales, han sido incapaces de sacar un 5 pelado en la parte intelectual del proceso. Con el criterio que rige hasta la fecha, eso da más opciones a la gente de la calle para poder ocupar un puesto con carácter definitivo. Hay quien mantiene que es injusto que las Administraciones se tengan que desprender de personal con varios años a su servicio, pero también resulta una patada a la ley que se quiera beneficiar por capricho a quien no quiere actualizarse ni hincar los codos unas horas a la semana.
De todas maneras, las cosas pintan bastante mal por mor de la crisis. Si el Estado, potente máquina donde las haya, ha tenido que reducir hasta extremos insospechados la cifra de nuevos funcionarios, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, auténticos creadores de empleados públicos como si de churros se tratare, también se están viendo abocadas a medidas que aboguen por un recorte funcionarial muy profundo. En Canarias son varios los consistorios que no pueden hacer frente a procesos selectivos, Tacoronte o Puerto de la Cruz y otros, como Santa Cruz de Tenerife, que están mareando la perdiz con la convocatoria de plazas. Por eso, con este caldo de cultivo, los sindicatos aprovechan para meter su cuchara y llevarse la mayor porción posible de prebendas para sus afiliados en la Función Pública. El Gobierno de Paulino Rivero cede ante esas presiones, pero veremos a ver si no se encuentra en breve con un recurso de inconstitucionalidad.
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Máximo Medina -