Las otras 'Josefas' canarias

Hay que felicitarse porque finalmente haya imperado la cordura. Josefa, la ya conocida como abuela de Fuerteventura, ha recibido el indulto por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y podrá seguir cuidando a los familiares que tiene a su cargo. Digamos que se ha hecho justicia divina porque, analizando fríamente los datos, tampoco podemos argüir ahora que esta mujer sea un dechado de virtudes en el cumplimiento de la más estricta legalidad. Cometió un pecado medioambiental, qué duda cabe. Pero también a la administración se le fue la mano con la pólvora. Se ha intentado matar moscas a cañonazos y, aparte de ser pelín costoso, al final el método se revela totalmente ineficiente.

Vayamos por partes. En Canarias, en cualquier isla, ha imperado la máxima de que el que llegaba primero a un sitio, construía y así podemos hallar infinidad de ejemplos de edificaciones levantadas en los cauces de los barrancos, en las faldas de las montañas o en medio de parques que, por la lentitud también de unas corporaciones que hacían la vista gorda a la ilegalidad mientras por detrás cobraban puntualmente todos los recibos de esos emplazamientos fuera de la ley, fueron consolidándose como algo normal. El problema ha sido cuando se ha ido dando carta de naturaleza a cada terreno y ha habido que empezar a desmontar en ese caso la casa por el tejado.

Dicho de otra manera, a Josefa se le permitió que construyera para, siete años después, darse cuenta la corporación de turno de que su vivienda estaba emplazada en un espacio natural protegido. Y aquí fue donde comenzó el lío porque, evidentemente, ¿quién tiene la razón de su parte? ¿Josefa, que recibió el permiso, o lo tiene la administración que, a posteriori, ha ido calificando unos terrenos que estaban en un limbo jurídico?

En Canarias ha habido muchas otras Josefas, mucha gente que, si bien no ha tenido los dos pies en la cárcel, sí que han visto con sus propios ojos como las palas despanzurraban sus hogares ante el dislate jurídico de unos ayuntamientos que eran incapaces de defender a sus vecinos con tal de congraciarse con el Cabildo, el Gobierno canario o el Ejecutivo central. Que se lo digan a esos vecinos de Candelaria que en 2008 vieron como sus casas eras derruidas porque, supuestamente, estaban en situación irregular…¡50 años después de llevar en pie muchas de ellas!

Josefa nunca debió haber vivido esta situación al límite esperando que llegase el indulto desde el Palacio de La Moncloa. Insisto, ella incumplió la ley, pero también fue llevada a esta ilegalidad por una administración mastodóntica que es incapaz de tener sus propios papeles en regla y luego, cuando ve que tiene los terrenos manga por hombro, intenta expiar los pecados repercutiéndolos sobre sus administrados.

Artículo publicado originalmente en ABC Canarias