Podemitas caviar made in Canarias

 

Donde ponen el ojo ponen la bala. Podemos, al menos en Canarias, ha tenido lo que se llama «tino» a la hora de escoger a sus candidatos. Vamos, un poco más y en vez de elegirlos en asambleas populares han estado a punto los Iglesias, Monedero y Errejón de hacer el «casting» en un juzgado y tirando de antecedentes penales. De verdad, lo hacen a propósito y no les sale una hornada tan pintoresca.

Tres de ellos han tenido o tienen problemas con la Justicia, pero ahí están, con sus actas de diputados y de senadores como si no hubiese un pasado que se les pueda echar en cara. De traca.

El último caso conocido es el del senador por la isla de Lanzarote José Ramón Galindo. Este político podemita estuvo detenido en el año 2008 por posesión de hachís y cocaína. Galindo fue pillado por la Policía local de Tías con una decena de envoltorios de cocaína, un trozo de hachís y 120 euros fraccionados en billetes.

Los otros dos casos afectan a dos diputados, uno por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otra por la de Las Palmas.

En el primer caso, el de Alberto Rodríguez, se da la circunstancia de que él se siente satisfecho de haber tenido problemas con la ley y asegura que repetiría la misma acción en el caso de ser necesario. Una pena en el caso de este chico, que, sinceramente, tiene una excelente formación y es de los políticos que muestra grandes hechuras a la hora de expresarse en un auditorio público. Esto es lo que expresaba en su muro de Facebook: «No me avergüenzo de haber luchado, de haber defendido los derechos de todos y todas y haber acabado detenido por ello, fruto de sus políticas de reprimir la disidencia. Como dije arriba, no solo no me avergüenzo, sino que lo volvería a repetir. Voy al Congreso, entre otras muchas cosas, para intentar evitar que nadie más en este país tenga que pasar por eso. A la Ley Mordaza no le vamos a dejar ni una coma».

En Las Palmas, la elegida es la controvertida magistrada Victoria Rosell, en el ojo del huracán tras ser acusada de no actuar contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, que pagó 300.000 euros a su pareja, el director del diario digital «Canarias Ahora», Carlos Sosa.

De hecho, es la única política, ya electa además, de Canarias que está siendo investigada por haber demorado el expediente contra el dirigente del conjunto amarillo y que encima ha sido demandada por el aún ministro de Industria, José Manuel Soria, ante las insinuaciones de la jueza en excedencia de que él estaba detrás de las investigación de la Fiscalía.