¿Quién paga los juicios innecesarios?
El Archipiélago canario ha vivido en las últimas semanas una vorágine de sentencias judiciales que no han favorecido, precisamente, a las administraciones públicas, llámense éstas Gobierno de Canarias o Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero evidentemente no son las únicas corporaciones (ni serán las últimas) en sufrir lo que podríamos llamar personajes temerarios a la hora de plantear demandas o defenderse de unas denuncias que, de perder en los tribunales, acaba suponiendo un coste elevadísimo a las arcas regionales, insulares o locales. No nos engañemos, al final quienes acabaremos pagando el pato seremos, cómo no, los sufridos ciudadanos. Es lo que tiene cuando se dispara con pólvora ajena.
Por poner varios ejemplos, hemos visto como, después de una lucha intensa, con cambio de letrado incluido, el profesor Meléndez Hevia acabó por demostrar por la vía judicial que sus famosos polvos para adelgazar no dejaban de ser un nutriente y, por tanto, no había problema alguno para su comercialización. Ahora, me imagino, su abogado, el joven pero eficiente Gustavo Matos, se pondrá manos a la obra (o a las demandas) para reclamar lo que es de ley para este catedrático y que no es otra cosa que la compensación económica como consecuencia del cierre temporal del centro en el que operaba Meléndez así como dejar de fabricar y comercializar su producto, una sustancia que, por otra parte, había ayudado a muchos miembros del Gobierno canario, ese mismo Ejecutivo que interpuso la demanda por considerar que se estaba suministrando una medicina camuflada de alimento. Pues no.
¿Y qué podemos decir de la montaña de Tebeto? ¿Quién fue el genio que realizó las catas y que dio validez al estudio sobre la riqueza mineral que se hallaba en su interior? Desde luego, el empresario que ganó el concurso de explotación, Rafael Bittini, tuvo claro, cuando vio que allí lo que había no valía ni el medio peso con el que Pepe Benavente hace la megacompra del mes, que había que recurrir a la Justicia para reclamar lo que le correspondía por ley. Ahora, todo parece indicar que se le debe abonar una purriada de millones a su cuenta corriente, unos 100 millones de euros. De acuerdo que el actual equipo de Gobierno no tenía responsabilidades cuando se produjo este escándalo, pero ya se sabe eso de ser solidario y subsidiario con los desmanes que hacen y deshacen tus antecesores.
Y ahora, por ponerle la guinda a la tarta, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el concurso de privatización de EMMASA. Según se desprende de la misma, el proceso estuvo lleno de irregularidades, pero lo gracioso del caso es que la Justicia ha hablado después de dos años, al igual que con muchos otros casos. La pregunta resulta casi obvia, ¿y ahora qué hacemos? Estamos hablando de decisiones que cuestan mucho dinero, pero no sé si es que las instituciones desoyen a sus asesores jurídicos a la hora de emprender acciones de calado tan delicado o, directamente, es que hay juristas que se ponen el mundo por montera y se lanzan a una carrera suicida a sabiendas de que el juicio se perderá sí o sí. Tal vez haya que justificar sus sueldos y determinados políticos pretenden que sus abogados se curren en los juzgados cada euro que ingresan a final de mes.
Pero lo peor de todo, es que existen funcionarios de distintas consejerías que, siempre en voz baja, te cuentan como hay una serie de problemas que surgen a diario en los departamentos, cuestiones que tendrían fácil solución, pero que el consejero de turno o el director general de tal o cual área, con tal de alargar el conflicto (normalmente suele tener que ver con temas retributivos) opta por esperar a que el susodicho empleado público se aburra o bien que acabe recurriendo a una vía judicial que es larga, pesada y que, a buen seguro, cuando se falle a su favor ya no estará en su cargo ese responsable político, pero la papa caliente sí que le caerá a otro.
2 comentarios
cañoncito violento -
Me explico, es un asunto que nace hace muchísimos años y que resulta extraño desde el principio. Te doy, no usas, te digo que con otros, vendes, te compro, te quito, te digo que sí, ahora que no, la Consejería otorga, el Planeamiento niega . Y finalmente el afectado aparece ante el TSJC y reclama que qué hay de lo que ha dejado de ganar en todo ello ., nadie se opone a su pretendida valoración económica y la sala le concede lo que reclama.
Llegado el momento de afrontar el pago surgen todo tipo de comentarios de parte - de partido, de magistrados, informaciones partidistas . - un caos de acusaciones cruzadas que no deberían hacernos perder de vista lo fundamental: ALGO HA FALLADO CLAMOROSAMENTE en la vida administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nuestra obligación como votantes y como miembros de la sociedad en la que vivimos habría sido la de retirar del poder político a cada uno de los sucesivos cargos públicos que han intervenido de forma manifiestamente irresponsable y/o que han dejado hacer a quien no debía. La labor fiscalizadora de la sociedad civil ha fallado, la de los grupos de la oposición política del Gobierno Autónomo también y, en estos momentos igualmente noto la falta del CLAMOR POPULAR reclamando en las calles a los políticos, funcionarios y técnicos que por acción o por omisión han sido responsables de este triste resultado.
Todo ello sin olvidar que resulta inexplicable que a estas alturas no haya habido una intervención de oficio por parte de la Fiscalía Anticorrupción para desentrañar las claves de esta operación que tiene indicios más que sobrados de asalto-consentido a las cuentas públicas y que, desde el Gobierno de la Nación, no se hayan pedido explicaciones por este y otros muchos ASUNTOS DOMÉSTICOS de todo punto intolerables en un estado democrático riguroso en el que desearíamos vivir.
Somos lo que consentimos!
Máximo Medina -