Miedo judicial a los independentistas
Los independentistas cada lo vez lo tienen más fácil cuando se trata de burlarse del Rey y de España. El juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia ha absuelto a las 16 personas juzgadas este miércoles por quemar fotografías del Rey el 22 de septiembre de 2007 en Girona: antes consideraba que los hechos eran constitutivos de un delito contra la Corona, pero lo ha dejado en una falta de desórdenes públicos. La absolución de los acusados ha sido recibida con una cerrada ovación de alegría entre los presentes en la sala. El juez ha explicado que le resultaba "incomprensible" que el fiscal modificara su petición. Ante esto, ha añadido, "me veo obligado a absolverles", ya que la Audiencia Nacional sólo es competente para juzgar delitos y no faltas, y "el delito de injurias o es un delito o no es nada". Así rezaba la información que ofrecía el portal Periodista Digital el pasado 29 de octubre de 2008 y a buen seguro que hoy el alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, debe estar que trina por la sanción de más de 6.000 euros que le ha impuesto un juez por llamar, entre otras lindezas, corrupto a Don Juan Carlos I.
Vamos a ver, ¿por qué existe en la Justicia española esta doble vara de medir? Es decir, unos independentistas de tres al cuarto se permiten el lujo de hacer un monigote, ponerle la cara de Su Majestad, quemarlo, insultar a la Corona hasta la extenuación (incluso llegaron a ir al juicio con una camiseta en la que anunciaban su propósito de quemar la Corona), pero se les absuelve, siquiera se llevaron para su Cataluña natal la más mínima regañina por parte del personaje togado. Sin embargo, a un edil, un representante del pueblo que, digo yo, tendrá que ejercer su derecho a la libre expresión, es condenado a pagar más de un millón de las antiguas pesetas porque no gustaron sus palabras. De acuerdo, no nos engañemos, no es normal que un alcalde, un presidente autonómico, un servidor público se dedique a insultar al Rey, independientemente de que somos bastantes los que pensamos que la Monarquía es una institución que ya cumplió su ciclo y sólo vale ya para otros negocios de dudosa reputación (entre otros colocarse como supermega directivo en Telefónica o La Caixa, por ejemplo). No obstante, mientras perviva el coto zarzuelero, nos guste o no, habrá que tener una cierta educación y condescendencia, llámenle cortesía si así lo desean.
Supongo que el alcalde de Puerto Real recurrirá la sanción y si vamos a los antecedentes creo que tiene todas las de ganar. Sinceramente, entre llamar corrupto a alguien, aunque sea el ¿primero? de todos los españoles o desearle su muerte, pienso que el segundo delito debería estar más penado, pero está claro que algo hay dentro de nuestro sistema judicial que le tiene más miedo a estos aspirantes de kale borroka catalana que a cualquier otro ciudadano. Parece una obviedad, pero siempre saldrá más barato en este santo país matar o violar que robar una barra de pan para saciar el hambre atrasada. Pregúntenle, por ejemplo, a los familiares de los asesinados por el repugnante De Juana Chaos. 25 muertes y cada cadáver le ha salido por menos de un año entre barrotes. Que el primer edil de Puerto Real no ha estado a la altura de las circunstancias eso no lo niega nadie, pero cuando la Justicia tiene ese doble rasero, normal que se piensen y se afirmen cosas de esa índole.
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Máximo Medina -