¿Oposiciones para político?
Recientemente, en un debate televisivo, alguien mandó un mensaje donde mostraba su sorpresa e indignación por el hecho de que quienes tienen entre manos las decisiones más importantes de un país, de una comunidad autónoma, de una isla o de un municipio no estén obligados por ley a pasar ningún tipo de examen o de oposición, algo que hay que hacerlo para desempeñar cualquier labor dentro de la función pública. De acuerdo que, tal vez, lo de tener que acceder a la casta política a través de una prueba calificatoria, al igual que el resto de funcionarios, puede resultar demasiado complicado de establecer en estos momentos, pero sí que es cierto que no estaría mal empezar a regular una serie de parámetros que dictaminasen claramente las condiciones por las que una persona puede acceder a esa carrera política.
En primer lugar, y como requisito indispensable, no estaría de más que cualquiera que desee ser desde alcalde, presidente del Cabildo o jefe del Ejecutivo estatal tuviera, como mínimo, la carrera de Ciencias Políticas. Ya que uno va a ejercer por un período de tiempo una función tan relevante como la de gestionar los bienes públicos y a tomar decisiones que afectarán a la comunidad, lo menos es que tenga un sustento intelectual, saber las razones por las que se hacen o no se hacen las cosas. Lo que no es de recibo es que, por ejemplo, para ser presidente del Gobierno de España o para ocupar una cartera ministerial no se exija, siquiera, una formación universitaria. Y miren que en este santo país se han dado varios casos de ocupar la cartera de Trabajo (hoy ese mismo tiene las competencias de la Política Territorial, el señor Chaves) una persona con nociones mínimas de electricista. Y no, no tengo nada contra la Formación Profesional, pero entiendo que se requiere algo más que una excelente preparación en electricidad para saber manejarse en una administración pública, sea del tamaño que sea.
Otro de los puntos vitales es la obligatoriedad por ley de permanecer un tiempo limitado en la poltrona. Aquí, el único político que ha cumplido con su palabra y que tan solo permaneció ocho años en el poder fue José María Aznar. Dos mandatos y, en el caso de que el electorado hubiese querido seguir votando al mismo partido, el candidato ya era otro. Esta norma, tan aceptada y asimilada en los Estados Unidos, es algo que no va con nuestra idiosincrasia. Muchos se han creído que ese puesto es vitalicio y hacen de su posición de poder su parcelita particular y suelen, cuanto más tiempo permanecen en el sillón, perder contacto con la realidad, algo que recuperan únicamente en el tiempo de precampaña y campaña electoral.
Finalmente, también debería ser una obligación que estas personas que son elegidas para un cargo tengan un empleo al que puedan retornar una vez acabe su mandato. El problema, y está relacionado con el párrafo anterior, es que más de un político ha llegado a esta esfera por pura casualidad o porque desde jovencito se ha pegado a aquellos que tenían el poder. Sólo hay que ver comunidad por comunidad o municipio por municipio para darse cuenta de que hay muchas personas que jamás en la vida han tenido otro empleo sino el de ser alcalde o presidente autonómico y una vez pierden el poder suelen quedarse bastante desorientados y, por eso, evitan por todos los medios tener que abandonar el poder. Sin duda, hace falta una gran regulación en España de la vida política, aunque dudo bastante de que el acceso se pueda hacer vía oposición, pero sí al menos pedirle esa formación, tener un empleo previo y limitar su tiempo en el cargo. Así, seguramente, hasta nos evitaríamos las corruptelas políticas que vemos diariamente en los informativos.
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Máximo Medina -