Vic hace frente a los desmanes inmigratorios de ZP
Arrecia la polémica y las acusaciones de xenofobia por parte de las ONG hacia el alcalde de Vic, Josep María Vila, así como del Gobierno y de los sindicatos, por aprobar una medida que impedirá a partir del mes que viene que los inmigrantes sin papeles puedan empadronarse en el municipio catalán. Sí, como auténticas fieras se han arrojado contra el primer edil barcelonés por tomar una decisión que, permítanme ustedes, no hace más que demostrar que vela por proteger primero a quienes realmente necesitan las ayudas en esta localidad.
Quien quiera ver un gesto de racismo o de rechazo al extranjero supone, directamente, querer ir más allá de lo que es una postura coherente. Lo que sucede, sin embargo, es que algunos consideran que sus descerebradas decisiones como la de la política indiscriminada de papeles para todos ha de llevarse a cabo hasta en el último rincón de España, pero que la factura la pague cada municipio. Y eso, queridos amigos, queda muy bien sobre el papel, pero luego quienes apechugan con las consecuencias son consistorios pequeños como este de Vic.
Insisto, ojalá pudiéramos dar abrigo, cobijo y trabajo a todas y cada una de las personas que llegaran hasta nuestra ciudad, independientemente de su raza, creencia o procedencia. Es de buen cristiano y de persona de bien ayudar a quien más lo necesita, de eso no me cabe la menor duda. Pero también es verdad que Vic, como muchos otros ayuntamientos de España, atraviesan por una situación de crisis en la que los recursos sociales, si siempre han sido limitados, ahora lo son mucho más.
Son demasiadas las personas empadronadas en cualquier localidad de nuestra geografía que difícilmente puedan llegar a obtener esa ayuda y lo que ha pretendido hacer el alcalde de Vic es, precisamente, evitar que el problema se agrande. No es que estemos hablando de que el señor Vila haga de su pueblo un hotel o una pensión donde se reserva el derecho de admisión o que, sencillamente, se hayan cubierto las plazas, sino que defiende los intereses de sus administrados y entiende que seguir abriendo las puertas a más personas sin recursos, cuando aún quedan por cubrir las carencias de quienes ya estaban en la cola, pues no tendría lógica alguna y sería cumplir esa máxima de vestir a un santo desvistiendo a otro.
En fin, que la señora Fernández de la Vega, el señor Corbacho o Cayo Lara pueden hablar y no parar sobre leyes y sobre lo que puede o no hacer un Ayuntamiento. Si este Gobierno hubiese previsto primero los medios económicos de los que disponían todas las partes implicadas a la hora de hacer frente al fenómeno inmigratorio, entonces igual no se hubiese lanzado tan alegremente a lanzar mensajes de regularización masiva. Es muy fácil criticar al señor Vila o al Partido Popular de ser pequeños Le Pen o discípulos avezados de los nazis, pero eso es querer reducir interesadamente la cuestión y querer eludir la responsabilidad (o irresponsabilidad) contraída al anunciar propuestas sin proyección a corto/medio plazo. Aquí nadie, yo el primero, está diciendo que haya que arremeter contra el extranjero sin papeles, pero también habrá que tener en consideración que las arcas de un consistorio son escasas y si no se da avío con las necesidades actuales, ¿cómo se podrá entonces sobrellevar que la lista de peticiones de ayuda social siga incrementándose? De alguna manera habrá que poner remedio, aunque sea con una medida tan extremista como impopular.
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Miguel Torrentó -
Máximo Medina -