300.000 canarios que no trabajarán en su vida

El nacionalismo, sea catalán, vasco, gallego o canario, cumple siempre la máxima de dejar la comunidad donde gobierna como un verdadero solar. Un reciente estudio dice que en Canarias, de seguir las cosas como están a día de hoy, es ya seguro que un 15% de la población no trabajará en su vida, ni un solo segundo. Haciendo un cálculo a vuela pluma, en una región con más de dos millones de habitantes, ese porcentaje se corresponde con una cifra superior a las 300.000 personas, a lo que habría que sumar a aquellas que están en ese constante entra y sale de las listas del paro.

Vamos que, hablando en plata, nos podemos encontrar con la bonita realidad de que las Islas pueden tener medio millón de habitantes mirando al tendido sin hacer absolutamente nada, pero no por vagancia o voluntad propia, sino porque las políticas puestas en marcha en materia de creación de empleo han supuesto un completo desastre, pero tampoco podíamos esperar otra cosa de unos dirigentes que llevan años chupando del bote y no ocupándose de las personas, salvo cuando toca movilizarlas para que acudan a las urnas.

Insisto, por mucho que Rivero y compañía insistan en su campaña contra los foráneos, que la culpa del desempleo es sólo imputable a unos dirigentes que siguen empeñados en hacer de Canarias una comunidad que funciona como el siglo XIX, con métodos anticuados, anquilosados en el pasado, machacando sistemáticamente la iniciativa privada, cargando impositivamente a las empresas y forzando a muchas a tener que echar el cierre porque es imposible mantener un negocio en funcionamiento cuando hay que pagar tanto dinero que ni siquiera se pueden cubrir las nóminas de un par de empleados.

Da qué pensar que las llamadas Islas Afortunadas el drama laboral comience a ser tan acentuado y a Dios gracias (que no se entere Montoro) que la economía sumergida está atenuando esa situación desesperada. Todos hemos sido testigos de cómo personas que iban a sellar su paro tenían, minutos después, que salir a toda mecha a ocupar su puesto en una finca, en un taller o en una tienda.

Alguien podrá argüir que los empresarios se están beneficiando de un contexto en el que la inspección de trabajo no hace nada, pero también es verdad que la necesidad aprieta y mientras a los empresarios se les pongan tantas trabas desde la administración, estos buscarán la trampa, el resquicio ‘legal’ de tener a gente a sus órdenes sin darlos de alta en la Seguridad Social. Pero para el Gobierno canario la culpa es de los que vienen de fuera a robar los puestos de trabajo. Y encima alguno se quedará tan ancho y satisfecho vendiendo este discurso.