Mucha burrocracia, nula sensibilidad

Imagínense por un momento que cualquiera de ustedes padece una discapacidad física superior al 80% desde hace tres lustros y que el Gobierno de su comunidad autónoma le reconoce el derecho a la asistencia domiciliaria para que pueda hacerle las tareas esenciales. Más aún, piensen que a este señor le queda una pensión de jubilado de poco más de 1.000 euros con la que tiene que atender a tres miembros más y que, de repente, al ir a hacer la declaración de la renta, en vez de la devolución que pensaba que le tocaba, le sueltan que debe más de 800 euros al fisco. Lamentable, ¿verdad? Pues dejen de recrearlo porque es una realidad como un templo.

Nuestro personaje se llama José Manuel Domínguez Cabrera, 63 años, vecino del populoso barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife. Actualmente, sufre una discapacidad motora y sensorial del 84 por ciento, reconocida por el Gobierno de Canarias hace 14 años. Desde entonces recibe asistencia domiciliaria, una ayuda básica para que le limpien su casa, le laven y planchen la ropa y le hagan recados urgentes. A veces le dejan algo de comida cocinada. Por no poder, ni siquiera puede poner una bombilla por sí sólo.

De su pensión como jubilado de la ONCE, de poco más de 1.000 euros, viven cuatro personas. Él, sus dos hijos en paro, y su nieta. Pero ahora Hacienda le reclama una deuda de 781,36 euros, a los que ha sumado una penalización de otros 25 euros por retraso en el pago, ya que se considera que esa ayuda domiciliaria es un dinero que recibió en mano y por lo tanto, que se incrementaron sus ingresos de 2013 en cerca de 4.000 euros.

Encima, la mala suerte se cebó con José Manuel, ya que fue uno de los afectados de la quiebra, en julio de 2012, de Mararía, la cooperativa de asistencia domiciliaria que tenía contratada el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para atender a los dependientes, discapacitados y mayores, a los que la ley les reconoce el derecho a esa asistencia.

La quiebra de Mararía obligó al Instituto Municipal de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a buscar una solución de urgencia: la posibilidad de que los usuarios contratasen, con cargo al IMAS, el servicio de asistencia domiciliaria de entre 13 empresas prestadoras del servicio. Sin embargo, a pesar de quedar acreditado que este ciudadano no ha estafado ni medio céntimo a las arcas estatales, el departamento de Montoro sigue erre que erre reclamándole lo que entiende que se ha llevado al bolsillo ilegalmente.

Normal que José Manuel esté acongojado y acongojado con la situación. Viendo la voracidad recaudatoria de Hacienda teme que si no paga le acaben embargando la pensión y entonces a ver de qué vive en el próximo mes. Es de traca, señores, pero así funciona nuestra administración, mucha burocracia y burrocracia, pero de sensibilidad y cintura para corregir estos errores palmarios, cero patatero. Una vergüenza.