Un Colegio necesario para acabar con los piratas periodísticos
Canarias contará en el año 2016 con el Colegio Oficial de Periodistas, una institución que se hace precisa en una comunidad donde esta bendita profesión está poco menos que de capa caída por mor de unos empresarios que siempre han creído que un medio de comunicación funciona como una fábrica de pan de molde, como una constructora o como una tienda de electrodomésticos. Desgraciadamente, en las Islas los periodistas han sido tratados como auténtica morralla, mercancía que se vendía al peso, con contratos irrisorios (cuando los había) y verdadero profesionales en el arte del tranque, de trancarte a final de mes sin pagarte lo convenido y huir como verdaderas ratas aprovechándose, dicho sea de paso, de unos recovecos administrativos que permitían a un empresario dejar en la mismísima estacada a un plantel de 100 trabajadores de un medio de comunicación. Un ejemplo de estos empresarios caraduras lo conforma, Fernando Peña, el último dueño que tuvo La Gaceta de Canarias. Logró salirse con la suya de deber más de un millón de euros en nóminas y no sé cuántos más en el capítulo de liquidaciones, y encima el tipo sigue tan campante, sabedor de que fue tal la liosa madeja jurídica que dejó por herencia que los únicos que han palmado pasta han sido sus extrabajadores que lo único que han percibido es en torno al 60% de lo adeudado a través del Fogasa. Por eso, para evitar estos atropellos, que estos Atilas sigan haciendo de la profesión periodística lo que les venga en gana, es una excelente noticia que se cree ese Colegio Oficial de Periodistas, un organismo que vele por los intereses de los profesionales del Archipiélago. Solo con un ente así podemos empezar a evitar prácticas fraudulentas como las que quien suscribe esta columna padeció de otro vivales, Francisco Pomares, exdirector de un periódico de Tenerife y que, recurriendo a las técnicas más propias de El Padrino, me ofreció, en una agencia que también dirigía, mandarme al paro y pasarme, sin contrato, al rotativo para poder ganar lo mismo o bien aceptar un despido unilateral. Su idea, bien sencilla, era que «el paro te paga 800 y yo te sumo 300 más para que cobres 1.100» (junio de 2002). En esa época, lo único que podías hacer eran dos cosas: o comulgabas con esa rueda de molino o bien ibas a un abogado laboralista para que le metiesen un buen puro, que se resumía en sacarle lo que por ley te correspondía, algo que en un acuerdo con la empresa estabas al albur de una estafa. Por eso es necesario ese Colegio, para que éstas y otras prácticas fraudulentas concluyan.
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