Destapa a los tuiteros que se burlan de Yéremi Vargas y le hacen pagar 3.600 euros

Imagínense por un momento ser la pareja sentimental de una madre que lleva nueve años sin conocer cuál es el paradero de su hijo tras un rapto en una isla, un lugar donde prácticamente es imposible salir con el crío por los medios tradicionales (avión y barco).

Imagínense también que reciben de manera frecuente en su cuenta de Twitter o de Facebook toda una serie de mensajes amenazantes o burlones sobre el destino que ha ocurrido ese chaval, asegurando que saben dónde está el cadáver y que, visto que la Policía o la Guardia Civil no te hace mucho caso tratas de infiltrarte en esa red para poder coger en un fallo a esos mamarrachos que se escudan en el anonimato y poder presentar la prueba irrefutable que desenmascara al mamarracho o al grupo de facinerosos que están disfrutando a costa de la desgracia de una familia.

E imagínense también que una vez has destapado a esos sujetos y puedes interponer con pelos y señales la denuncia correspondiente y que los elementos en cuestión sean llevados al banquillo de los acusados, llegue un juez y sólo te condene a ti, la víctima, por entender que tus métodos han sido tramposos, a pesar de haber logrado mucho más que lo que unos agentes habían sido capaces.

Pues dejen de imaginar porque esto ha pasado de verdad, esto le ha acontecido al marido de Ithaisa Suárez, madre de Yéremi Vargas y que desde el 10 de marzo de 2007 está en una desesperación continua porque un desaprensivo y un desgraciado le arrebató a su pequeño cuando jugaba en las calles de su barriada en Vecindario, en la isla de Gran Canaria. Desde entonces, todo han sido falsas esperanzas, pistas falsas y una espera de nueve años para conocer qué pasó con Yéremi, si vive, si falleció y, entonces, dónde está su cadáver.

La actual pareja de Ithaisa, Jonathan Guisado, se ha implicado en el caso como si fuese el mismo padre del pequeño y, entre otras de las muchas penurias por las que ha atravesado la pareja, está el de unos cabrones con pintas que, amparados en el supuesto anonimato que proporcionan las redes sociales, se han burlado e insultado de ambos, asegurando incluso conocer el paradero del cuerpo de Yéremi. Jonathan, a pesar de denunciar todo esto ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tuvo que idear una estrategia para desenmascarar a esos tipejos y así obtener el dato revelador que pudiera hacer que se sentaran en el banquillo.

Sin embargo, el magistrado le ha acabado condenando a él a un pago de 3.600 euros más las costas del juicio por entender que obtuvo la identidad de los facinerosos tuiteros usando artimañas ilegales desde un punto de vista legal. Tal vez sea cierto, pero, ¿acaso no es más grave que alguien juegue con el sufrimiento de una familia e insulte impunemente en las redes sociales? Desgraciadamente para ese innombrable juececillo, lo grave es desenmascarar a esos golfos teniendo que simular falsas identidades que el hecho de burlarse de unos padres de familia angustiados por el paradero de su hijo. No es de extrañar que la Justicia en España cada vez sea menos fiable. Si es que ya es más seguro entrar en un quirófano para que te practiquen una traqueotomía o una operación a corazón abierto que ir a un simple juicio. Igual, a poco que te descuides, hasta te aplican la ley antiterrorista.