La bipolaridad lingüística del PP
El Partido Popular debería revisar su estrategia y su planteamiento a la hora de hablar de la defensa del castellano en aquellas comunidades donde, gracias a las garruleces de políticos menores, la lengua oficial se ha visto relegada por las cooficiales, especialmente en las comunidades de Galicia, Cataluña y, sorprendentemente, en la Comunidad Valenciana y Baleares, donde se han empeñado los representantes de las castas pseudopolitiqueras en convertir su dialecto en una lengua que se sitúe a la misma altura, o por encima, del castellano. Los populares, con Mariano Rajoy al frente, hablan y no paran de defender el castellano en la educación, que éste no quede subordinado a los caprichos de las consejería de Educación regionales y, en última instancia, a los deseos perniciosos de Ejecutivos autonómicos con menos amplitud de vista que Steve Wonder en una cueva. Sin embargo, ese bonito discurso queda desmontado sobre la marcha cuando vemos lo que está pasando en dos de las comunidades donde gobierna, Galicia y la Comunidad Valenciana. A pesar de que fue una promesa electoral de Núñez Feijoo, el caso es que al final la tan manida libertad de elección que se iba a dejar a los padres para que pudieran decidir en qué centro escolarizaban a sus hijos y el idioma preponderante con el que adquirir esos conocimientos, ha quedado en agua de borrajas y se sigue con la herencia dejada por la nefasta labor de Pérez Touriño y Anxo Quintana. Pero si grave es lo que sucede en el extremo noroccidental de la Península, peor me lo ponen en el Levante. Allí, el Gobierno de Francisco Camps sí que le ha hecho un traje a la medida de aquellos que ansían con tener como lengua oficial el valenciano, pese a no ser más que una reminiscencia de la lengua catalana. Por ese punto, hasta cierta medida, puedo entender ciertos deseos de identidad propia y diferenciarse con el idioma regional fronterizo, pero lo que ya no resulta tolerable es que este objetivo traspase las barreras de lo constitucional y obligue a impartir las asignaturas en el dialecto valenciano, vejando en algunos casos a alumnos que tengan la osadía de hablar o hacer sus tareas en castellano con un suspenso. Ejemplarizante fue el caso de la niña de diez años que en un colegio de la Comunidad Valenciana fue suspendida, a pesar de tener una media de sobresaliente, por responder las preguntas de un examen en la lengua de Miguel de Cervantes. Sencillamente, inexplicable. Desde la óptica del político, poniéndome en ella, puedo entender que no debe ser sencillo cambiar toda una dinámica, pero es que al final estamos siempre en lo mismo, en la secuencia perpetua de que entre el uno y el otro, el PP y el PSOE, la casa se queda sin barrer y los ciudadanos, verdaderamente, no estamos aquí (o no deberíamos estar) como meros convidados de piedra. Precisamos de líderes que sepan gestionar, que respondan al programa por el cual se les ha votado, pero lo que no puede hacerse bajo ningún concepto es ignorar las decenas de miles de apoyos reflejados en las urnas y hacer lo que más convenga por una cuestión de oportunidad política. No, aquí lo que se trata es de que se gobierne en pos del bien común, guste o no a determinados políticos de medio pelo (o barba).
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Máximo Medina -