¿Qué pasa con las ayudas al alquiles en Canarias?

¿Qué pasa en Canarias con las ayudas al alquiler para este año 2015 que, dicho sea de paso, ya está a punto de pasar a mejor vida? ¿Por qué el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo no responde ante una demanda tan necesaria?

La película de los hechos es la siguiente: en abril de 2015 se publica en el Boletín Oficial de Canarias las condiciones para acceder a estas ayudas al alquiler. El plazo máximo de resolución expiró el pasado 30 de septiembre sin que nadie dijese ni media. Es decir, como si de repente ese dinero se hubiese ido por el Guadiana y desapareciese sin más explicaciones. Los afectados dicen que se han puesto en contacto tanto con el Gobierno como con los partidos políticos que conforman el arco parlamentario regional, pero la respuesta ha sido igualmente un profundo y lacónico silencio. 

El único mensaje que han recibido estas familias es a través del teléfono 012 donde se les dice, muy correctamente, que, efectivamente, el plazo para resolver las ayudas al alquiler en 2015 expiró el 30 de septiembre, pero nadie sabe dónde se han publicado las resoluciones, las familias que han sido validadas para recibir estas ayudas o quiénes han quedado excluidas por mor de las rentas percibidas.

La cuestión, desde luego, no resulta baladí, ya que son muchas familias canarias en situación de vulnerabilidad permanecen a la espera durante meses sin ni siquiera poder acceder a una información básica. El problema de fondo es que cuanto más se demore la resolución, más tarde se hacen efectivos los pagos. Esta misma modalidad de Ayuda al Alquiler se aplica en otras comunidades autónomas, que ya han resuelto y publicado debidamente, y en aquellos casos en los que se ha producido retraso se ha subsanado con efecto retroactivo en los pagos.

Si de verdad este Gobierno tiene como seña de identidad hacer cosas con la gente y escuchar, lo primero que debe hacer de una vez por todas es ponerse manos a la obra y comunicar con urgencia quiénes han sido los beneficiados con estas ayudas y, con la misma premura, proceder a su abono. Estamos hablando de familias en situación de pobreza casi extrema que pueden acabar desahuciadas por el simple hecho de que a la administración regional no va al compás de las necesidades sociales. 

Es curioso, dicho sea de paso, que luego los políticos, en tiempo de elecciones, se ponen el traje de antidesahucios y se posicionan en contra de las temibles entidades bancarias para obtener el rico crédito de los votos en las urnas. Una vez conseguido el poder, olvidan sus promesas y ven a estas personas como una molestia, como ese pariente pobre al que tienes que esconder porque hace feo en las fotos. ¡Qué jeta!

Artículo publicado en ABC Canarias